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Tributación de la Indemnización por despido improcedente en el IRPF, si no existe acto de conciliación o sentencia judicial

Actualizado: 01/08/2018

Fecha: 28/09/2012

Desde el año 2002 ha resultado habitual la utilización de la fórmula del “despido exprés” por parte del empresario, quien reconociendo unilateralmente la naturaleza improcedente del despido, satisfacía al trabajador la indemnización que pudiera corresponderle, evitando de esta forma demoras o trámites innecesarios.

Mediante esta práctica, y sin necesidad de que el despido fuera calificado por la autoridad laboral como improcedente, era reconocido como tal por el propio empresario, quien podía proceder a abonar la indemnización correspondiente. Dicha indemnización estaba, en términos generales, exenta de tributación en IRPF para el trabajador, en tanto que no se sobrepasaran las cuantías establecidas como obligatorias en el Estatuto de los Trabajadores, y tampoco debía por tal motivo estar sujeta a retención.

No obstante, los cambios normativos acaecidos el 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (BOE de 7 de julio de 2012),  han introducido novedades importantes al respecto. De forma sintética puede resumirse que por un lado la improcedencia o procedencia del despido no puede ser determinada unilateralmente por el empresario, sino que ha de ser declarada en acto de conciliación o por el juez. Por otra parte, y como novedad de especial relevancia fiscal, a partir del 8 de julio de 2012, el requisito anterior será una condición necesaria para que las cantidades percibidas por despido improcedente estén exentas de tributación en IRPF para el trabajador, sin que tampoco proceda practicarles retención por parte del empresario. No hay que perder de vista el impacto fiscal de una indemnización por despido no exenta, dado que su cuantía y la progresividad del Impuesto sobre la Renta podrían provocar que los tipos impositivos se disparasen.

Dentro del contexto de imprecisión en las normas de naturaleza fiscal, parece claro a fecha de hoy que lo mencionado en el párrafo anterior atañe solamente a los despidos improcedentes, sin que afecte en términos generales a otras modalidades (por causas objetivas, expedientes de regulación de empleo, etc.).

Por tanto, las indemnizaciones por despido no constituyen Rendimientos de Trabajo Personal que deban declararse en IRPF , mientras sean iguales o inferiores a las establecidas en el Estatuto de los Trabajadores para el caso concreto, todo ello de conformidad a lo establecido Artículo.7 .e) Ley 35/2006 de 28 noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Todo ello con el límite máximo de 180.000 € para los despido realizados con posterioridad a 1 de Agosto de 2.014.

No obstante lo anterior se ha establecido en la Ley 27/2009 una modificación a dicho artículo de la LIRPF, estableciendo la exención hasta la indemnización por despido improcedente a las indemnizaciones que se paguen como consecuencia de un Expediente de Regulación de Empleo o un despido objetivo en base al artículo 52 c) (causas económica, técnicos, organizativas y productivas); cuando la ley establece para estas extinciones una indemnización de veinte días por año con el tope de 12 mensualidades.

De manera que el exceso sobre cualquiera de los límites señalados (la indemnización legal, a la que se superpone el límite cuantitativo), así como la indemnización completa abonada por dimisión del trabajador o mutuo acuerdo están sujetos como rendimientos de trabajo personal y, por tanto, deben ser objeto de la pertinente retención, sin perjuicio de su tratamiento como renta irregular.

Desde el 7-7-2012 para que estén exentas las indemnizaciones por despido improcedente es necesario acudir al acto de conciliación administrativa o judicial o que así declare mediante una resolución judicial (DGT Fecha Consulta: 9-4-13; DGT Fecha Consulta: 8-11-12, que se reproduce más abajo). Sin embargo, para el supuesto de despido objetivo no es necesario acudir al acto de conciliación judicial para tener derecho a la exención, siempre que se cumplan los requisitos exigidos por la normativa laboral para la adopción del acuerdo de extinción (DGT Fecha Consulta: 16-7-13).

En cualquiera de los supuestos mencionados, la exención queda condicionada a la efectiva desvinculación del trabajador de la empresa (DGT Fecha Consulta: 18-6-07). En general se presume que ésta no se produce cuando se vuelva a prestar servicios en la misma empresa o en otra vinculada, en los 3 años siguientes a su despido o cese. En el supuesto de que en dicho plazo vuelva a trabajar nuevamente el trabajador inicialmente despedido, éste pierde la exención sin que para la empresa tenga consecuencia alguna en materia de retenciones (DGT Fecha Consulta: 11-7-06).

El día 8 de noviembre de 2012, la Dirección General de Tributos, ha publicado una consulta vinculante, dando más seguridad jurídica en la aplicación de estos cambios legislativos.

NUM-CONSULTA V2144-12
FECHA-SALIDA 08/11/2012

DESCRIPCION-HECHOS Con la reforma laboral aprobada en el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, se ha modificado el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, que, en su redacción anterior a la reforma, posibilitaba el reconocimiento de la improcedencia del despido por el empresario con anterioridad a la conciliación

CUESTION-PLANTEADA Si tras la publicación del citado Real Decreto-ley 3/2012, para que resulte aplicable la exención prevista en el artículo 7.e) de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, es necesario que se convenga la improcedencia del despido en un acto de conciliación.

CONTESTACION-COMPLETA El artículo 7 e) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), en adelante LIRPF, en su redacción dada por el apartado uno de la disposición final undécima de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (BOE de 7 de julio de 2012), redacción que se introduce con efectos desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (BOE de 11 de febrero), establece que estarán exentas:
“e) Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de despidos colectivos realizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o producidos por las causas previstas en la letra c) del artículo 52 del citado Estatuto, siempre que, en ambos casos, se deban a causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor, quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto para el despido improcedente.”
Por tanto, la nueva redacción del artículo 7 e) de la LIRPF suprime el párrafo segundo de la anterior redacción, el cual se refería a la exención de las indemnizaciones por despido cuando el contrato de trabajo se extinguía con anterioridad al acto de conciliación. Por lo que para declarar la exención de las indemnizaciones por despido será necesario que se produzca conciliación o la resolución judicial.
No obstante, la nueva disposición transitoria vigésima segunda de la LIRPF (añadida por el apartado dos de la disposición final undécima de la citada Ley 3/2012, con efectos desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral) mantiene la exención para la anterior situación en el caso de despidos producidos desde el 12 de febrero de 2012 (entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012) al 7 de julio de 2012.
En concreto, dicha disposición transitoria vigésima segunda de la LIRPF dispone, en su apartado 1, lo siguiente:
“1. Las indemnizaciones por despidos producidos desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y hasta el día de la entrada en vigor de la Ley, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, estarán exentas en la cuantía que no exceda de la que hubiera correspondido en el caso de que éste hubiera sido declarado improcedente, cuando el empresario así lo reconozca en el momento de la comunicación del despido o en cualquier otro anterior al acto de conciliación y no se trate de extinciones de mutuo acuerdo en el marco de planes o sistemas colectivos de bajas incentivadas.”
En el caso de un despido improcedente, el artículo 56.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en su redacción dada por el apartado siete del artículo 18 de la citada Ley 3/2012, establece una indemnización de treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades.
Aunque, en relación con las indemnizaciones por despido improcedente, la disposición transitoria quinta de la Ley 3/2012 dispone que:
“1. La indemnización por despido prevista en el apartado 1 del artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en la redacción dada por la presente Ley, será de aplicación a los contratos suscritos a partir de 12 de febrero de 2012.
2. La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad al 12 de febrero de 2012 se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior, prorrateándose igualmente por meses los períodos de tiempo inferiores a un año. El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el período anterior a 12 de febrero de 2012 resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso.
3. En el caso de los trabajadores con contrato de fomento de la contratación indefinida, se estará a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Sexta de esta Ley.”
El importe de la indemnización que supere la cuantía anterior estará plenamente sujeto y no exento a dicho impuesto como rendimiento del trabajo.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

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